El 19 de febrero de 2021, ganó el caso ante el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU.

Заголовок: El 19 de febrero de 2021, ganó el caso ante el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ON Сведения: 2024-04-23 18:22:31

Causa Fatima el-Ayubi y Mohamed el-Azouane Azouz C. España. Dictamen del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de 19 de febrero de 2021. Comunicación Nº 54/201.

En 2016 se prestó asistencia a los autores en la preparación de la denuncia. Posteriormente, la denuncia fue comunicada a España.

El Comité consideró que existía un fundamento jurídico para la expulsión de los autores. Sin embargo, el Tribunal no examinó la cuestión de la proporcionalidad entre el objetivo legítimo del desalojo y los efectos del desalojo en las personas afectadas.se ha violado el artículo 11 del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.

Como se vio en el texto de las Consideraciones, los autores se mudaron al Apartamento en diciembre de 2016. El 1 de marzo de 2017, sobre la base de una denuncia presentada por el banco al que pertenecía el Apartamento, el Tribunal ordenó a los autores que desalojaran la vivienda, ya que la habían ocupado ilegalmente y carecían de título. Esta decisión fue confirmada por la audiencia provincial de Madrid el 4 de octubre de 2017 (punto 14.1 del dictamen). Los autores pudieron permanecer en el Apartamento gracias a la suspensión de tres órdenes de desalojo. El Comité observó también que el 31 de agosto de 2020 el Tribunal de primera instancia había fijado una nueva fecha para el desalojo, el 13 de enero de 2021 (párrafo 14.2 del Dictamen). Se ha violado el artículo 11 del pacto.

Evaluación de los hechos por el Comité: se tomó nota de que, para el estado parte, permitir que los autores permanecieran en la vivienda equivaldría a legalizar (mediante el ejercicio del derecho a la vivienda) la violación del derecho de propiedad de la Institución propietaria de la vivienda. Dado que se había ordenado a los autores que desalojaran la vivienda de otra persona en el marco de un procedimiento civil, el Comité consideró que existía un fundamento legal para proceder al desalojo de los autores. Sin embargo, el Tribunal no examinó la cuestión de la proporcionalidad entre el objetivo legítimo del desalojo y los efectos del desalojo en las personas afectadas.de hecho, el Tribunal no equiparó la ventaja de esa medida en ese momento, en este caso la protección del derecho de propiedad de la Institución propietaria del inmueble, con las consecuencias que esa medida podría tener para los derechos de las personas desalojadas. por consiguiente, el análisis de la proporcionalidad del desalojo no sólo implica examinar los efectos de la medida en las personas desalojadas, sino también la necesidad de que el propietario vuelva a tomar posesión de los bienes. En todos los casos, debe distinguirse entre los bienes de las personas que los necesitan para su uso como vivienda o sustento y los de las instituciones financieras, como en este caso. La conclusión de que un desalojo no es una medida razonable en un momento determinado no significa necesariamente que no se pueda dictar una orden de desalojo. Sin embargo, los principios de conveniencia y proporcionalidad pueden exigir que se suspenda o se suspenda la ejecución de la orden de desalojo, de modo que los desalojados no se encuentren en una situación de pobreza o de violación de otros derechos consagrados en el pacto. La orden de desalojo también puede estar condicionada por otros factores, como la orden de que las autoridades administrativas adopten medidas para ayudar a los inquilinos a mitigar los efectos de su desalojo (párrafo 14.5 del Dictamen).

A pesar de las alegaciones de los autores de que esta medida afectaría negativamente a su derecho a una vivienda adecuada, el Tribunal de primera instancia no ha proporcionado los daños causados por los autores al vivir en el Apartamento de otra persona a los daños que habían tratado de evitar al entrar en el Apartamento al correr el riesgo de encontrarse en la calle. El Comité tomó nota de que el Tribunal consideró que las razones aducidas por los autores en relación con sus necesidades especiales de vivienda debido a su grave situación financiera y a los problemas de salud de su hijo no eran suficientemente respetuosas para ocupar la vivienda en cuestión.; en respuesta a una de las peticiones de los autores de que se aplazara el desalojo, el Tribunal se limitó a señalar que los argumentos presentados por los autores no podían considerarse fundados en un "procedimiento de este tipo". La legislación del estado parte tampoco preveía ningún otro mecanismo judicial que los autores pudieran utilizar para impugnar las órdenes de desalojo a fin de que otra autoridad judicial pudiera evaluar la proporcionalidad del desalojo o las condiciones en que debía llevarse a cabo. El hecho de que no se hubiera hecho ese análisis constituía una violación por el estado parte del derecho de los autores a la vivienda, consagrado en el párrafo 1 del artículo 11 del pacto, leído conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 2 (párrafo 14.6 del Dictamen).

Conclusiones del Comité: el estado parte ha violado el derecho de los autores en el sentido del párrafo 1 del artículo 11 del pacto.

 

 

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.