El Tribunal europeo de derechos humanos ha detectado una violación de los requisitos del artículo 10 de la convención.

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Sentencia del Tribunal europeo de derechos humanos de 22 de junio de 2021 en el caso Erkizia Almandos C. España (recurso Nº 5869/17).

En 2017, el autor recibió asistencia en la preparación de la denuncia. Posteriormente, la denuncia fue comunicada a España.

En el caso se recurre la imputación de la denunciante por haber intervenido en una ceremonia en honor a un miembro de la organización terrorista ETA, en la que no se expresó incitación directa o indirecta a la violencia. En el caso se violó el artículo 10 de la convención.

 

CIRCUNSTANCIAS DEL CASO

 

El autor, un ex político separatista Vasco, fue condenado a un año de prisión y siete años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de terrorismo, tras su intervención como orador principal en un acto celebrado en honor a un ex miembro de la organización terrorista ETA (ETA, Euskadi Ta Askatasuna).) fue una organización separatista del pueblo Vasco "País Vasco y libertad".

 

CUESTIONES JURÍDICAS

 

Cumplimiento del artículo 10 de la convención. La sentencia fue una injerencia en el derecho del autor a la libertad de expresión, que tenía un objetivo legítimo de proteger el orden público, prevenir disturbios y delitos y proteger la reputación o los derechos de otras personas.

Aunque el autor tenía cierta influencia en la política debido a su larga carrera política en la comunidad vasca unos años antes de los acontecimientos en cuestión y a su condición simbólica en el movimiento separatista Vasco, no era político en el momento de los acontecimientos en cuestión. En efecto, el autor no participó en el acto como representante electo de un grupo parlamentario o como miembro de un partido político, ya que no tenía esa condición desde hacía varios años.

No obstante, las declaraciones del autor se referían a una cuestión de interés público que se había debatido ampliamente en España, especialmente en la comunidad vasca. La cuestión de la independencia vasca y el debate sobre si la acción Armada debía o no haber sido utilizada para lograr esta independencia han sido un tema constante de debate en la sociedad española. A este respecto, la cuestión de la integridad territorial de España ha sido un tema delicado y ha dado lugar a opiniones y puntos de vista diversos, a menudo convencidos y ferozmente debatidos, entre los habitantes de España. Por lo tanto, el objeto de la queja se refería efectivamente a una controversia de verdadero interés público.

El Tribunal europeo debía determinar si la declaración del demandante contenía una justificación de la violencia o si podía calificarse de "lenguaje de odio" o de defensa o justificación del terrorismo. Por consiguiente, el Tribunal europeo debía decidir si la pena impuesta al demandante podía considerarse proporcional al objetivo legítimo perseguido, teniendo en cuenta los diversos criterios que caracterizaban el discurso de odio y el hecho de defender o justificar el terrorismo.

En cuanto al primer criterio, el autor expresó sus comentarios en un contexto político y social tenso. De hecho, el Tribunal de justicia de la Unión Europea ya ha visto denuncias basadas en la amenaza terrorista que enfrenta España desde hace años, así como en el hecho de que el País Vasco es considerado una "región políticamente inestable".

En relación con el segundo criterio, el Tribunal europeo debía determinar si las declaraciones impugnadas, debidamente interpretadas y valoradas tanto en el sentido específico como en el sentido amplio, podían considerarse como una incitación directa o indirecta a la violencia o una justificación de la violencia, el odio o la intolerancia. El autor fue el orador principal en el acto de conmemoración y homenaje a un miembro reconocido de la organización terrorista ETA. Sin embargo, la declaración del autor no contenía en general, directa o indirectamente, llamamientos a la violencia o a la resistencia Armada, aun cuando algunas de las declaraciones del autor pudieran considerarse ambiguas. Al mismo tiempo, el peticionario argumentó explícitamente que las personas deberían usar las formas más adecuadas para lograr resultados democráticos.

En cuanto al contexto del acto, así como a los motivos de la visita del autor, hubo algunas contradicciones. Así, aunque el autor afirmó que se trataba de un acto familiar, también explicó que sus actos eran políticos. El peticionario afirmó además que se trataba de un acto privado, a pesar de que se había celebrado públicamente e incluía un debate sobre una cuestión de interés público. El autor señaló que 50 amigos y familiares asistieron al evento, aunque en realidad asistieron 250 personas. También debe tenerse en cuenta el hecho de que las autoridades no fueron notificadas de la verdadera naturaleza del evento que finalmente se llevó a cabo. Sin embargo, el autor no fue el organizador del evento en cuestión ni fue responsable de la exhibición de fotografías de miembros enmascarados de ETA. El mero hecho de que el autor participara en el acto no podía considerarse en sí mismo un llamamiento a la violencia o una manifestación de "lenguaje de odio".

En cuanto al tercer criterio, la opinión del autor se expresó verbalmente durante un evento al que asistieron partidarios del movimiento separatista Vasco. Por lo tanto, la forma en que el solicitante formuló sus pensamientos no estaba dirigida explícitamente a lograr consecuencias negativas.

Teniendo en cuenta todos los criterios y teniendo en cuenta el contexto del caso, el Tribunal europeo no pudo estar de acuerdo con la evaluación del caso por los tribunales españoles, sobre la base de la cual declararon culpable al demandante. De hecho, las declaraciones del autor no tenían nada que ver con el "lenguaje del odio". A pesar de que el autor intervino en un acto para honrar la memoria de un miembro de la organización terrorista ETA, no trató de justificar ningún acto terrorista ni justificó el terrorismo en general. Por el contrario, de las palabras del autor se desprende que está a favor de un debate público encaminado a crear un camino democrático hacia el futuro. En este momento, las actividades terroristas de ETA todavía eran una dura realidad. Sin embargo, este factor no pudo justificar la condena del autor, que fue considerado responsable de todos los actos realizados durante el acto.

Por último, la condena del autor no podía considerarse una medida proporcional.

A la luz de lo que antecede, y en particular de las circunstancias en que no se ha demostrado que haya habido incitación directa o indirecta al terrorismo y en que el discurso del autor se orientó más bien a la utilización de procedimientos democráticos para lograr los objetivos políticos de los nacionalistas de izquierda (aberzale), la injerencia de las autoridades españolas en el derecho del autor a la libertad de expresión no podía considerarse "necesaria en una sociedad Democrática".

 

DECRETO

 

En el caso se violó el artículo 10 de la convención (aprobado por cuatro votos a favor y tres en contra).

 

COMPENSACIÓN

 

Aplicación del artículo 41 de la convención. El Tribunal europeo otorgó al demandante 6.000 euros en concepto de indemnización por daños morales.

 

 

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