La CIDH encontró una violación de los requisitos de la CADH con respecto al solicitante.

Заголовок: La CIDH encontró una violación de los requisitos de la CADH con respecto al solicitante. Сведения: 2020-07-01 03:58:22

El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de febrero de 2016 en el caso de Chinchilla Sandoval v. Guatemala (Serie C, No. 312).

El solicitante recibió asistencia para preparar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Washington, EE. UU.).

Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió la queja del solicitante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (San José, Costa Rica) para su consideración. La denuncia fue luego comunicada a Guatemala.

En el caso, se consideró con éxito la denuncia sobre el derecho a la vida y la integridad personal de los reclusos.
El derecho a la vida y la seguridad de los presos.


Circunstancias del caso


En 1995, María Inés Chinchilla Sandoval fue sentenciada a 30 años de prisión por robo y asesinato agravado por negligencia. Ella estaba cumpliendo su condena en una prisión para mujeres en Guatemala. Sufría diabetes y otras enfermedades, y de 1997 a 2004 su salud se deterioró, lo que le causó disfunciones físicas y sensoriales.

En particular, le amputaron la pierna y se movió en una silla de ruedas. Ella también sufría de pérdida parcial de visión. En 2002-2004, su abogado solicitó la libertad anticipada cuatro veces. Aunque la prisión claramente carecía de las capacidades técnicas, profesionales y médicas para proporcionar al solicitante un tratamiento adecuado, el juez rechazó las cuatro solicitudes. El 25 de mayo de 2004, mientras estaba en prisión, Chinchilla se cayó por las escaleras en su cochecito. Fue asistida por un grupo de prisioneros y luego por una enfermera de la prisión, pero el solicitante murió pronto.

La investigación sobre su muerte terminó porque la autopsia no reveló rastros de sustancias nocivas en su cuerpo.
(a) Artículos 5 (1) (derecho a la seguridad de la persona) y 4 (1) (derecho a la vida) en relación con el artículo 1 (1) (obligación de respetar y garantizar los derechos sin discriminación) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante - CADH) . La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Corte Interamericana) recordó la obligación especial del Estado de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. Determinó que el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del estado de garantizar su salud física y mental a través de exámenes médicos regulares, así como un tratamiento adecuado, oportuno y, si es necesario, especializado de acuerdo con sus necesidades especiales. La Corte Interamericana señaló que la falta de atención médica adecuada para las personas privadas de libertad y bajo custodia podría considerarse una violación del Artículo 5 (1) y 5 (2) de la CADH, dependiendo de circunstancias específicas, como su estado de salud o el tipo de enfermedad que sufren un período de falta de supervisión médica, las consecuencias físicas y mentales combinadas y, en algunos casos, su género y edad. La Corte Interamericana enfatizó que en el presente caso la carga de la prueba recae en el estado.

La Corte Interamericana decidió que la obligación especial del estado de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad podría ser condicional, enfatizada o determinada teniendo en cuenta el tipo de enfermedad, especialmente si se encuentra en la etapa final o puede ser complicada o agravada por las circunstancias particulares de la persona, las condiciones de su detención o Las capacidades médicas reales de la prisión o las autoridades. Esta obligación recae en las autoridades penitenciarias y judiciales, que, por iniciativa propia oa petición de las partes interesadas, deben ejercer el control judicial con respecto a las garantías para las personas privadas de libertad.

Además, la Corte Interamericana ha indicado que las personas privadas de libertad que padecen enfermedades graves, crónicas o incurables no deben ser encarceladas si el estado no puede garantizar la disponibilidad de departamentos médicos adecuados con equipos y personal calificado en el que puedan recibir servicios especializados. Ayuda y tratamiento. El estado también debe proporcionar una nutrición y una dieta adecuadas según las indicaciones. La Corte Interamericana también señaló que los estados deben garantizar que se expida una tarjeta médica por cada persona que ingrese al centro de detención.

En el presente caso, la Corte Interamericana determinó que el estado no podía probar que Chinchilla tenía una tarjeta médica, que regularmente recibía nutrición y medicamentos adecuados, y que se le proporcionó ayuda periódica y sistemática para tratar sus enfermedades.

Las autoridades monitorearon sus enfermedades y discapacidades, pero no evitaron que su condición empeorara al proporcionarle atención médica y supervisión periódica, adecuada y sistemática, en particular al proporcionarle una dieta adecuada, rehabilitación y otros medios necesarios. La Corte Interamericana indicó que si el estado no tiene los medios para garantizar dicha atención médica y supervisión en prisión, se debe establecer un mecanismo o protocolo para un tratamiento sistemático, diligente y apropiado, ya que el procedimiento de consulta externa no es tan simple para garantizar la provisión de atención médica adecuada, especialmente en caso de emergencia. Los procedimientos creados para consultas externas en hospitales no fueron lo suficientemente operativos como para permitir un tratamiento oportuno de manera efectiva. Por las razones anteriores, la Corte Interamericana concluyó que el estado no garantizaba el derecho de Chinchilla a la seguridad de la persona y la vida durante la detención. Con respecto a la discapacidad de Chinchilla, la Corte Interamericana declaró, incluida, entre otras cosas, la sentencia Mircea Dumitrescu v. Rumania del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Mircea Dumitrescu v. Rumania) (fecha 30 de julio de 2013, queja No. 14609/10) que el estado era Está obligado a garantizar el acceso a diversas secciones de la prisión para personas con discapacidad, incluida la creación de cambios de infraestructura adecuados que permitan la máxima independencia y la igualdad de condiciones en comparación con las condiciones de los prisioneros sanos. La Corte Interamericana determinó que el estado debería proporcionar acceso a medios razonables de rehabilitación. A este respecto, indicó que Chinchilla fue discriminada por su discapacidad y que sus condiciones de detención eran incompatibles con su derecho a la integridad física y mental.

La Corte Interamericana también concluyó que el estado no garantizaba asistencia médica adecuada a la demandante el día de su muerte.


RESOLUCIÓN


El caso ha violado los requisitos de la Convención (adoptada por unanimidad).

(b) Compensación. La Corte Interamericana determinó que la decisión en sí misma constituía una forma de reparación y ordenó al estado (i) que tomara medidas para capacitar a las autoridades judiciales responsables de la ejecución de sentencias, así como al personal penitenciario y otras autoridades competentes que se ocupan de los prisioneros, con miras a una adecuada cumpliendo su función de garantes de los derechos de los reclusos, (ii) publique la decisión y su resumen oficial, (ii) garantice la prioridad del solicitante con respecto al procesamiento de cualquier solicitud de pensión de sobreviviente, y (iii) pague una indemnización por daños materiales e inmateriales, así como los costos y gastos legales.

 

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.